Home    Cada día, 900 personas pierden su derecho a reclamar el impuesto de la hipoteca

El tiempo juega en contra de quienes se hipotecaron a finales de 2014. En la recta final de aquel año se firmaron entre 50.000 y 60.000 hipotecas en España. Entre 50.000 y 60.000 hipotecados a quienes, cada día que pasa, le prescribe el plazo para reclamar a Hacienda la devolución del impuesto asociado a las hipotecas, el AJD. Un tributo que el pasado 18 de octubre, el Tribunal Supremo, en un giro histórico en su jurisprudencia, determinó que debía pagarlo el banco y no el cliente, como sucede ahora.

La sentencia provocó un enorme revuelo judicial que desencadenó en la convocatorio de un Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, para el próximo 5 de noviembre, en el que se analizará en profundiudad la sentencia y se matizará, previsiblemente, cuál será su alcance. En estos quince días, aproximadamente 9.120 afectados por la sentencia ya se encontraría ya fuera de plazo para reclamar la devolución del AJD a Hacienda.

Son cálculos de Legálitas, que recuerda que el hecho de iniciar el trámite administrativo de reclamación, sin coste para el afectado, interrumpe el plazo de prescripción de cuatro años para recuperar el impuesto. "Existe un hecho evidente que parece estar pasando desapercibido para todas aquellas personas y empresas que firmaron un préstamo hipotecario hace cuatro años. Y es que, si finalmente se ratifica la sentencia del 16 de octubre de 2018 y se fijara un plazo de prescripción de cuatro años para poder reclamar el impuesto abonado, todas aquellas personas que no hayan iniciado su trámite de reclamación frente a Hacienda estarían perdiendo su derecho por encontrarse fuera de plazo".

Es decir, aproximadamente cada día, unas 900 personas están perdiendo su derecho a reclamar. Cada día que trascurre del mes de octubre, el plazo expira para novecientos prestatarios.

"Desde la sentencia favorable al prestatario y hasta el día de hoy han transcurrido 10 días hábiles, dato que extrapolado a 2014 se traduce en una media de 9.120 hipotecas, cuyos prestatarios ya no podrían beneficiarse de sus efectos en caso de que no hubieran iniciado trámite alguno. En este sentido, resulta clave que los prestatarios reclamen lo antes posible para interrumpir el plazo de prescripción de cuatro años y no perder su derecho a la restitución de las cantidades abonadas indebidamente", añaden.

¿Cómo reclamar a Hacienda?

La reclamación a Hacienda se realiza a través de la presentación de un escrito denominado Solicitud de Devolución de Ingresos Indebidos. Este escrito debe presentarse de manera simultánea ante dos órganos: la Consejería de Hacienda de la Comunidad Autónoma en la que se liquidó el impuesto y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria -órgano estatal-. Así evitamos que las entidades se deriven la una a la otra a la hora de reconocer su responsabilidad.

El Real Decreto 520/2005 de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Desarrollo de la Ley General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, avala esta vía en su artículo 14: “Los legitimados para instar el procedimiento de devolución y beneficiarios de este derecho son los obligados tributarios que hubieran realizado ingresos indebidos en el Tesoro público con ocasión del cumplimiento de sus obligaciones (…) cuando el ingreso indebido se refiera a tributos que deban ser legalmente repercutidos a otras personas o entidades”.

De esta manera, hay que presentar la Solicitud de Devolución de Ingresos indebidos fundamentada en la jurisprudencia vigente junto con la liquidación del impuesto abonado. En caso de ser estimada la reclamación la cantidad a devolver sería la suma del importe del impuesto abonado y los intereses de demora correspondientes. Si en 6 meses Hacienda no responde, deberá considerarse desestimada la solicitud.

¿Consecuencias negativas por reclamar ahora?

"Ninguna. La reclamación frente Hacienda es un mero trámite administrativo, que Legálitas está realizando de manera gratuita para todos sus clientes, que no conlleva coste alguno ni impide la posibilidad de reclamar nuevamente en un futuro ante la Agencia Tributaria ni ante los juzgados".

En el supuesto de que el Tribunal Supremo decidiera dar un sentido opuesto a la jurisprudencia actual y acordar que es el prestatario quien finalmente debe pagar el impuesto, la reclamación administrativa se archivaría sin más impacto sobre el reclamante.

Artículo Original elconfidencial.com

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