Home    El Congreso da luz verde a la ley de los antidesahucios contra el boom del alquiler

El Pleno del Congreso ha dado luz verde a la toma en consideración de la proposición de ley de emergencia habitacional y pobreza energética impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y presentada este martes a la Cámara por En Comú Podem. Una propuesta con medidas destinadas, en gran medida, a pinchar la llamada burbuja del alquiler, reforzar el parque público de pisos y combatir la pobreza energética. La toma en consideración ha salido adelante con 177 votos a favor, 163 en contra y 6 abstenciones.

Teniendo en cuenta las intervenciones de los portavoces de PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, PDeCat, ERC, EH Bildu y Compromís estos partidos habrían votado a favor de la propuesta, mientras que Ciudadanos y PNV se habrían abstenido y el PP habría dado su rechazo. La toma en consideración de esta propuesta de ley se realiza por mayoría simple, de tal manera que tras conseguir el respaldo de la cámara, se abriría el proceso de discusión de la misma y el periodo para presentar las enmiendas.

La propuesta impulsada por la PAH se basa en cinco puntos básicos como la dación en pago retroactiva, de tal manera que los hipotecados, una vez que han perdido su vivienda, no arrastren una deuda con el banco. Asimismo, plantean una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que recupere los alquileres a cinco años -frente a los 3 actuales- o la actualización de las rentas conforme al IPC, orientadas todas ellas a "dar seguridad a los arrendatarios, a limitar la turistificación y, por ende, evitar el boom de precios", tal y como ha explicado Lucía Martín, portavoz de En Comú Podem y responsable de vivienda del grupo confederal, encargada de defender ante la Cámara esta iniciativa.

También plantean que ningún desahucio de vivienda habitual se pueda llevar a cabo sin una solución habitacional para la familia desahuciada, además de incrementar el parque público de vivienda social de tal manera que ninguna familia destine más del 30% de sus ingresos al pago de un alquiler. Por último, la propuesta de ley propone que se garanticen los suministros básicos, especialmente para aquellos colectivos más vulnerables, estableciendo un principio de precaución basado en la garantía de imposibilitar cortes de agua, luz y gas sin que exista una comprobación de la situación del hogar afectado.

La iniciativa fue registrada el pasado mes enero por Unidos Podemos junto con Esquerra Republicana, Compromís y EH-Bildu, y pese a que fue inicialmente vetada por el Gobierno de Mariano Rajoy, el grupo confederal volvió a presentarla tras un fallo del Tribunal Constitucional que daba la razón a la Cámara Baja en su contencioso con el Ejecutivo en relación con los vetos a leyes de la oposición.

"Tenemos la posibilidad de enmendar un error, de corregir una injusticia y dar una respuesta efectiva a la emergencia habitacional. Después de que el Partido Popular tumbara una iniciativa legislativa popular (ILP) hace cinco años, no hemos avanzado. Llevamos diez años de retraso y sumando y hasta que el contenido de esta ley no sea efectivo, los derechos más elementales no estarán garantizados. La crisis de la vivienda no ha acabado, han cambiado los protagonistas pero la crisis es la misma. Ha llegado el momento de tomar medidas concretas, nada de parches que garanticen el acceso a la vivienda", ha dicho Lucía Martín durante su intervención. "Toca pasar la prueba del algodón en esta cámara para ver quiénes han aprendido algo y quiénes no. Esta es la ley de vivienda que está reclamando la ciudadanía", ha concluido.

El apoyo del PSOE, clave para los presupuestos

Todos estos puntos son claves de cara a apoyar a Pedro Sánchez en la aprobación de los Presupuestos de 2019, que el Ejecutivo negocia con Unidos Podemos, que también ha exigido a los socialistas que levante la inconstitucionalidad que pesa sobre varias leyes autonómicas, especialmente en Cataluña. De hecho, el PSOE, ha mostrado su apoyo a la ley -los socialistas tienen también en marcha su propia propuesta de ley de vivienda, que aún está pendiente de la votación en la Mesa del Congreso en las próximas semanas-.

"Es indispensable que este país desarrolle de una vez por todas una nueva política de vivienda que impida desalojos forzosos y que faciliten el acceso a una vivienda digna", ha dicho la diputada socialista Mar Rominguera. "Hay que dar un giro a las políticas de vivienda del gobierno del PP que han contado con escasa dotación económica, medidas poco eficaces contra los desalojos y que han sido diseñadas para favorecer los intereses privados".

A pesar del apoyo, el PSOE ha querido, no obstante, algunas carencias de la propuesta. "En los términos en que está redactada nos parece insuficiente, sin una estructura jurídica desarrollada como para que se puede llevar a cabo, con medidas voluntaristas y bienintencionadas, pero cuya terminología necesita concreción y desarrollo, porque en ocasiones resulta ambigua, que van a requerir de un gran trabajo si se toma finalmente en consideración".

Uno de los partidos, además de Ciudadanos y PP, que han mostrado su rechazo a la propuesta, tal y como se esperaba, ha sido el del PNV, cuyo portavoz ha asegurado que la ley incluye muchas modificaciones normativas -Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley Hipotecaria, socimis, Ley del Suelo, LAU, Ley Reguladora de Haciendas Locales, etc-, modificaciones "que algunas compartimos, pero otras son inasumibles", ha dicho su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, quien ha dicho, ha cargado, literalmente, contra el "tufo centralizado de buena parte de las propuestas", que, en su opinión, no respeta las competencias autonómicas. "El tono centralizador que se deduce de la propia ley es la que nos impide apoyarla". ".

Desde Compromís, por su parte, su portavoz ha insistido en que defienden a las personas frente a los bancos, al tiempo que ha culpado a los fondos buitres de la burbuja del alquiler.

Artículo Original elconfidencial.com

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