Inicio    El Gobierno pasa la patata caliente de limitar alquileres a las Comunidades Autónomas

El Gobierno llevará previsiblemente este viernes al Consejo de Ministros un nuevo decreto para intentar regular el mercado del alquiler en España después de que su primera intentona no contra con el respaldo del Congreso de los Diputados.

El documento que llegrá al Consejo incluye una de las exigencias irrenunciables para que Unidos Podemos lo apoye y que no incluyó el decreto anterior: la regulación de los precios de los alquileres.

Sin embargo, no habrá una limitación directa de los alquileres, puesto que para ello sería necesario modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), pero síun sistema de índice de precios en el que pueden participar las comunidades autónomas, con el objetivo último de poder limitar precios.

El documento, de hecho, hace recaer la responsabilidad de controlar los alquileres a las comunidades puesto que tienen transferidas las competencias en materia de vivienda.

Este sistema de índices deberá ser aprobado por la Administración central y se realizará, según la Cadena Ser en base a datos de la Agencia Tributaria y el Catastro y sobre él, las comunidades podrán elaborar índices propios para desarrollar sus políticas de vivienda.

Para incentivar a los propietarios que se ajusten a dicho índice, tal y como avanza Expansión, se contemplan bonificaciones del 80% de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). No obstante, la elaboración de dichos índices podría demorarse hasta ocho meses.

Otra de las grandes novedades del nuevo real decreto respecto al anterior radica en la actualización de las rentas. El nuevo documento stablece que las subidas interanuales en los contratos se vinculen de forma obligatoria al IPC, con el fin de que no puedan establecerse tramos con mayores subidas en los contratos.

Como en el anterior decreto, se eleva a cinco años la duración mínima de los mismos, siete en caso de ser el propietario una empresa Asimismo, el decreto recoge diferentes modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de introducir mayores garantías en los desahucios que afecten a personas en situación de vulnerabilidad, ya que los juzgados deberán de oficio ponerse en contacto para comprobar esta situación.

El borrador establece que, ante todo caso de desahucio, los juzgados deberán contactar con los servicios sociales y, de detectarse una situación de vulnerabilidad, este deberá aplazarse un mes si la propiedad una persona física, y tres meses en caso de ser una empresa. Los lanzamientos de la vivienda que dictamine un juez deberán especificarse con fecha y hora exacta, y no con fecha abierta, aunque este aspecto está aún pendiente de confirmarse con el Ministerio de Justicia.

Artículo Original elconfidencial.com

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