Home    La trampa municipal que ayuda a explicar los pelotazos urbanísticos: “Es peor que Bankia”

Chalés en monte protegido, urbanizaciones en zona inundable, polideportivos, polígonos industriales. En resumen, cientos, tal vez miles de proyectos urbanísticos ejecutados en España durante décadas podrían ser sencillamente nulos de pleno derecho. Incluso aquellos proyectos que sobre el papel no presentan controversias. Todo a causa de una vieja práctica que transita entre la dejadez y la picaresca y que aún hoy es utilizada por hasta 6.000 ayuntamientos españoles: el empleo de arquitectos honoríficos en lugar de arquitectos funcionarios para tramitar los expedientes. Los principales infractores son los ayuntamientos pequeños y medianos, quienes a la postre fueron protagonistas en los tiempos del ‘boom’ del ladrillo de las mayores aberraciones. Un enorme melón jurídico que, según los conocedores del tema, ningún juez se atreve a abrir, si bien la Fiscalía General ya anda a la caza de los municipios infractores.

La ley es clara al respecto: solo un arquitecto funcionario de carrera puede ejercer funciones públicas, como es el informe e inspección de un proyecto urbanístico municipal. Así lo indica el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL). “Imagínate cuántas urbanizaciones, equipamientos y edificaciones de todo tipo habría que demoler para devolver el suelo a su estado original, que es lo que establece la ley para todos aquellos casos que no prescriben”, advierte Fernando Jabonero, concejal del ayuntamiento de Pastrana (Guadalajara). Todas las licencias de obra y licencias de primera ocupación firmadas por un arquitecto honorífico pasarían, directamente, a ser ilegales.

Solo un arquitecto en plantilla puede tramitar expedientes urbanísticos municipales. (EFE)

Jabonero ha convertido este asunto en una cruzada personal. El pasado 5 de febrero denunció ante la Audiencia Nacional a 72 ayuntamientos de toda España por incurrir “de modo recurrente y crónico en infracción urbanística” al emplear a falsos arquitectos municipales. La audiencia derivó la denuncia al Tribunal Supremo y este ha ordenado a todos sus fiscales provinciales de Urbanismo y Medio Ambiente investigar este asunto.

Estimación de ayuntamientos con falso arquitecto municipal.

Esta práctica explicaría en buena medida la laxitud municipal en la licitación de miles de proyectos urbanísticos polémicos de los últimos 20 años. “El acumulado de esto es incluso peor que lo de Bankia. Solo en Valencia hay 35.618 licencias ilegales. Los alcaldes y sus arquitectos de confianza han estado manejando proyectos urbanísticos y sacando dinero de cualquier manera. Es muy sencillo. El arquitecto le dice al alcalde ‘mira, ya tengo listo todo lo de los chalés, serían 120.000 euros de proyecto de obra con el proyecto ya medido, pero pongámoslo en 70.000 euros y así te ahorras el IVA de todo lo demás’. Y el alcalde tan agradecido. ‘Mira qué favor me ha hecho el arquitecto’. Y luego vienen las recomendaciones, porque esto viene del boca a boca, y los arquitectos se van empotrando en ayuntamientos de forma ilegal, donde ellos informan sus propios proyectos para sacarlos adelante”, explica el concejal.

Pequeños y medianos ayuntamientos están bajo la lupa de la fiscalía. (EFE)

El arquitecto gana un gran cliente, como es un ayuntamiento, y este se garantiza a un arquitecto sometido que firmará todas aquellos informes técnicos que le pida si quiere mantener su privilegio. “Le dirán ‘mira chico, si no estás por la cuerda nuestra te vas mañana a la calle’, que es lo que ha pasado con los que han sido escrupulosos con la ley. A un funcionario de carrera nunca podrían decirle eso, porque entre sus condiciones está la inamovilidad”, continúa Jabonero. “Lo he hablado con fiscales y secretarios municipales y me dan la razón. Este asunto es una prueba de estrés al sistema judicial español”.

Para aquellos ayuntamientos pequeños sin presupuesto para un arquitecto en plantilla, la ley también es clara: deberán pedir a su diputación provincial o a su comunidad autónoma que uno de sus arquitectos funcionarios lleve el expediente e inspeccione el proyecto en cuestión. Es más, el reglamento indica que es “responsabiliad personal del alcalde y del secretario municipal” gestionar la presencia de un funcionario habilitado. El alto coste de tener a un arquitecto en plantilla es el principal argumento esgrimido por los municipios pequeños para echar mano de arquitectos de confianza, cuya relación en muchos casos se remonta a varias décadas.

Hilera de chalés ilegales construidos en monte protegido en Almoguera. (D.B.)

“Es una figura que debe extinguirse cuanto antes. Hace 40 años, cuando los municipios empezaron a gestionar las licencias urbanísticas, buscaban a alguien que les hiciera el favor de tramitarla y a cambio les daban el privilegio de conseguir proyectos en el municipio. Es algo anacrónico”, explica Rafael González Millán, presidente de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos de las Administraciones Públicas (UAAAP). “Sus retribuciones varían según los casos, pero normalmente hacen informes de forma gratuita o a bajo coste. En cambio reciben el encargo de hacer todos los proyectos de obras municipales con sus direcciones de obra. Hoy en día esa figura no tiene encaje en la legislación”.

González Millán, no obstante, matiza la denuncia de Jabonero: “No creo que haya tantos ayuntamientos ya en esas condiciones, porque no hay que confundir los arquitectos municipales honoríficos con los arquitectos que trabajan para los ayuntamientos con un contrato de servicios, figura totalmente legal según la Ley de Contratos del sector público”. Jabonero rechaza el matiz: “Los contratos de servicios se hacen con un propósito formal pero son el ariete para vulnerar la legalidad. Se llama ‘desviación de poder’, ligada a la prevaricación, y es un modo de amañar los expedientes. Además la ley, en su artículo 17, prohíbe expresamente el ejercicio de la función pública con esos contratos”.

En este disentir de criterio, González Millán sí cree que los arquitectos externos pueden ejercer funciones municipales “siempre que no presenten incompatibilidades”. “Tiene que quedar claro que ni él ni sus socios ni sus familiares pueden hacer proyectos en ese ayuntamiento. La ley exige que sea un funcionario quien hace la inspección urbanística, pero se puede emplear a personal laboral o interino para otras tareas. Aunque nosotros, como arquitectos de la administración, estamos en contra de ello porque es una perversión del sistema. Es como si el secretario municipal tuviera por las tardes un despacho de abogados en la plaza del pueblo. Todos los vecinos acudirían a él”.

Plaza de toros de Almoguera, una de las más grandes de Castilla-La Mancha. (D.B.)

Chalés y plazas de toros

Uno de los cientos de municipios bajo lupa es Almoguera, en Guadalajara. Tres urbanizaciones construidas entre 2002 y 2008 y una plaza de toros, una de las más grandes de Castilla-La Mancha, inaugurada en 2015, se han edificado sobre monte protegido. Así lo denunció el Seprona en un informe demoledor, en el que confirmaba que la Junta, concesionaria de esos terrenos hasta el año 2068, no había aprobado esas urbanizaciones ni tampoco existía ningún informe de impacto ambiental.

Los vecinos de los más de 200 chalés afectados no dan crédito. “Me siento estafado”, exclama Alex Diges. “Hace diez años que compré mi casa y ni siquiera tengo las escrituras. Cuando las pido el ayuntamiento me las niega, y no puedo vender mi casa porque es ilegal y cualquier día la tendrán que derribar. He denunciado al ayuntamiento, quiero que me devuelvan el dinero que pagué más los intereses y el lucro cesante”, indica. El banco que gestionó la venta de esas viviendas ilegales fue la extinta Caja de Guadalajara. Todas ellas, viviendas de protección oficial (VPO) promovidas por Sarclo, constructora propiedad de la familia de la teniente de alcalde en aquellos años, Flor Herreros, y licitadas por un arquitecto honorífico. El alcalde en persona, Luis Padrino, ejercía de comercial para vender los chalés, según confirma Diges.

Alex Diges, frente a su chalé ilegal en Almoguera. (D.B.)

La plaza de toros también se enclava en mitad de ese pinar que, según el plan de la Junta de Castilla-La Mancha aprobado en 1987, debía fomentar el empleo en el municipio con menor renta per cápita de Guadalajara. El coso ha sido testigo de un puñado de corridas y fue inaugurado con un concierto de Estopa. La consejería de Agricultura de la Junta es taxativa en un informe: “Ninguno de los programas de actuación urbanizadora se ha sometido a evaluación ambiental. No hay constancia de que se haya emitido autorización para dicha eliminación de la cubierta forestal”.

Hay multitud de casos flagrantes en todo el territorio. En Yuncos (Toledo) hay cinco polígonos industriales y multitud de chalés informados por arquitectos honoríficos. En Illana (Guadalajara) hay 250 viviendas en zona inundable en la misma situación. En Villa del Prado (Madrid), la urbanización privada El Encinar del Alberche cuenta con cientos de chalés edificados sin un informe legal. En Illescas (Toledo), un arquitecto privado con contrato laboral ha informado e inespeccionado, entre otros, el complejo logístico de Amazon, el más grande de la compañía en España, que en breve iniciará su actividad y dará empleo a unas 900 personas. Y así, miles de ayuntamientos cometiendo presuntas infracciones urbanísticas tanto en obras faraónicas como en pequeños proyectos. Solo en La Rioja, 135 municipios de un total de 174 no tienen arquitecto en plantilla, en Cataluña 845 y en Castilla La Mancha más de 600, según datos recopilados por Jabonero tras consultar a las respectivas administraciones.

González Millán subraya que “el arquitecto honorífico también responde penalmente de sus delitos“, es decir que se juega penas de prisión por aberraciones urbanísticas igual que lo haría un funcionario. Un dato que rebajaría las suspicacias sobre la implicación de estos profesionales en la España del ladrillazo. “No hay que criminalizar al arquitecto honorífico porque la mayoría son profesionales honrados, sino perseguir al político que los utiliza para sus intereses”, sentencia el portavoz del sector.

La urbanización El Encinar del Alberche, en Villa del Prado (Madrid) es una de las afectadas.

Aunque a nivel judicial todavía no ha habido resultados, los ayuntamientos están comenzando a prescindir de sus arquitectos de confianza para convocar plazas públicas al verse en riesgo de delito penal. La propia Diputación de Guadalajara ha ofertado tres nuevos puestos de arquitecto ante la avalancha de peticiones de asistencia de ayuntamientos que, hasta la fecha, se las arreglaban con sus arquitectos honoríficos. Los secretarios municipales son especialmente sensibles a este problema, ya que son ellos los funcionarios habilitados que deben emitir el informe jurídico que vela por el cumplimiento de la normativa en cada proyecto. “En Daganzo de Arriba (Madrid) el secretario municipal me reconoció que habían estado empleando al mismo arquitecto honorífico durante 30 años y me pidió ayuda”, recuerda el concejal de Pastrana.

Antoni Pelegrín, fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo de Barcelona, es claro en un ensayo sobre delitos de ordenación del territorio, en el que confirma “la imposición de sanciones y la determinación de los daños y perjuicios” a los responsables de las ilegalidades. Cuantificar los proyectos urbanísticos licitados por un falso arquitecto es una tarea titánica que, una vez completada, sería capaz de atascar de expedientes los juzgados. El punto positivo para los arquitectos es que abriría multitud de plazas de funcionario que ahora no existen, pero para los alcaldes y, en especial, los secretarios municipales el panorama es, cuanto menos, inquietante.

Artículo Original elconfidencial.com

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