Inicio    Plan de choque del Gobierno para pinchar la burbuja del alquiler

El alquiler es, sin duda, el asunto que Pedro Sánchez, nuevo presidente del Gobierno, y José Luis Ábalos, ministro de Fomento, tendrán que afrontar ante el 'boom' de precios que se ha experimentado en algunas zonas de la geografía española. El nuevo Ejecutivo, tal y como explican fuentes cercanas al PSOE, centrará su política en materia de vivienda en facilitar el acceso a un hogar en alquiler a jóvenes y mayores y frenar esa subida en el coste de la vivienda, dejando aparcada cualquier medida que esté destinada al acceso a la propiedad, como ya sucedió en la 'era Zapatero', quien suprimió durante su último mandato la desgravación fiscal por la compra de vivienda habitual, en una apuesta clara por el mercado del alquiler. Para ello, el nuevo Ejecutivo necesitará el apoyo de los demás grupos parlamentarios, entre los que Podemos figura como uno de sus principales aliados, con propuestas muy parecidas a las de los socialistas para atajar esta problemática de los arrendamientos.

Respecto al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 aprobado el pasado mes de marzo, todavía bajo mandato del PP, las mismas fuentes aseguran que aún no se han firmados los convenios con las comunidades autónomas y, por lo tanto, su ejecución está todavía pendiente. No obstante, el pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó la distribución entre las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla de las subvenciones estatales del plan pactadas en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo, del pasado 30 de mayo. El importe total de las ayudas asciende a 1.443 millones de euros, el mismo previsto en el plan desde su aprobación por el Gobierno del PP el 9 de marzo de este año.

Una vez dado el visto bueno al reparto territorial de los fondos, Fomento tendrá que firmar los convenios correspondientes con cada autonomía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para hacer llegar las ayudas a los ciudadanos. "Debemos reunirnos con las comunidades lo antes posible y firmar los convenios necesarios para que puedan tener acceso al dinero del plan y ejecutar sus propios planes de vivienda. Muchas de ellas están tirando de fondos propios para poder ejecutarlos debido al enorme retraso con que se aprobó el plan por el anterior Ejecutivo", aseguran fuentes socialistas, que no descartan una modificación del Plan Estatal "si fuera necesario, ya que un real decreto se puede modificar con otro real decreto. En cualquier caso, estaría motivado por las necesidades que nos puedan plantear las comunidades autónomas".

El precio de los alquileres es el tema más apremiante. Durante el mandato de Mariano Rajoy, no solo estuvo en un segundo plano, sino que varias propuestas de ley presentadas ante la Mesa del Congreso para abordar el 'boom' de los alquileres fueron tumbadas. La primera que no consiguió pasar el filtro del Congreso fue la de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), mientras que la del PSOE también fue vetada inicialmente por los populares, si bien el veto no solo no fue ratificado sino que el pasado viernes fue levantado, por lo que volverá al debate parlamentario, donde será necesario el consenso con los demás partidos políticos para poder sacarla adelante.

Los socialistas proponen recuperar la duración de los contratos de alquiler a cinco años, limitar la subida de los alquileres —en caso de renovación— a la evolución del IPC, además de incorporar importantes desgravaciones fiscales para quien decide alquilar una vivienda por debajo de determinados límites o limitar las fianzas. Todos estos puntos son susceptibles de contar con el apoyo de los partidos que apoyaron la moción de censura de Pedro Sánchez, especialmente de Podemos, que presentó su propia propuesta para 'meter mano' al mercado del alquiler.

Precisamente, Pablo Iglesias se reunió en secreto con el presidente del Gobierno en La Moncloa con una lista de 20 iniciativas prioritarias para garantizarse su apoyo, y entre ellas figura reformular la Ley de Arrendamientos Urbanos para frenar los alquileres abusivos.

Limitar los alquileres

Tanto PSOE como Podemos han dejado claro en sus propuestas de ley la necesidad de limitar los precios de los alquileres, aunque con importantes diferencias. En su propuesta, el PSOE apuesta por incentivar fiscalmente a aquellos arrendadores​ que alquilen sus pisos en base a un sistema público de precios de referencia, en función de la zona en la que se ubique el inmueble. Un sistema que deberá ser fijado por los ayuntamientos. Todos aquellos caseros que respeten dichos límites podrán acogerse a una deducción en el impuesto sobre la renta de personas físicas (IRPF) del 60%.

Desde la formación morada, por su parte, también apuestan por limitar los precios de alquileres en aquellas zonas donde existen fuertes tensiones de precios. Sin embargo, dicha limitación deberá ser obligatoria para los caseros, sin ningún tipo de beneficio fiscal. No obstante, es un punto de partida en el que ambas formaciones podrían remar en la misma dirección y llegar a posibles acuerdos.

Para facilitar el acceso a un piso en alquiler a los jóvenes, el PSOE propone que si la vivienda se alquila a un joven entre 18 y 30 años con bajos ingresos, el tratamiento fiscal será aún más favorable, del 100%. También se contemplan beneficios para los inquilinos cuya base imponible sea inferior a 30.000 euros. La propuesta es que puedan deducirse un 10,5% de las cantidades satisfechas en el periodo impositivo por el alquiler de su vivienda habitual.

Recuperar los alquileres a cinco años

Otro de los puntos en los que coinciden tanto PSOE como Podemos es en recuperar la duración de los contratos de alquileres a cinco años —y prórroga de tres—, frente a los tres actuales —y prórroga de un año—, para dar mayor estabilidad a quienes viven de alquiler. Es decir, aunque los socialistas proponen que la duración del arrendamiento sea libremente pactada por las partes, afirman que si esta fuese inferior a cinco años, cuando llegue el día del vencimiento del contrato, se prorrogará obligatoriamente por los plazos anuales hasta que alcance una duración mínima de cinco años.

Podemos va más allá y propone que si la parte arrendadora es una persona jurídica, "el contrato deberá prorrogarse necesariamente transcurridos los cinco años, excepto si existe una razón legítima proporcional, relacionada con el incumplimiento por parte de la parte arrendataria de sus obligaciones contractuales o legales". Asimismo, pretenden la creación de un "contrato de duración protegida", que tendrá una duración mínima de 10 años, y "que podrá llevar aparejados beneficios fiscales favorables, subvenciones y otras medidas a definir por las comunidades autónomas y municipios, en el ámbito de sus competencias".

Recuperar el IPC para revisar los alquileres

Por otro lado, conviene recordar que el 'boom' del alquiler ha coincidido en el tiempo con la renovación de cientos de contratos y la consiguiente subida de precios, puesto que los alquileres carecen en la actualidad de un índice que permita estipular las subidas en caso de prórrogas. En este sentido, los socialistas quieren limitar la subida de la renta de los inmuebles puestos en alquiler a la evolución del IPC, es decir, "al incremento real del coste de la vida". En la actualidad, la subida del alquiler no tiene límite de referencia, y esto ha provocado una gran escalada de los precios. Un nuevo punto de coincidencia con la formación morada, que también quiere que la revisión de las rentas vuelva a estar vinculada al IPC durante el plazo mínimo de cinco años de duración del contrato.

Limitar las fianzas

Tanto PSOE como Podemos apuestan por limitar las finanzas o los avales adicionales que un arrendatario tiene que prestar para lograr alquilar una vivienda. En muchas ocasiones, las fianzas son tan elevadas que impiden el acceso a una vivienda en alquiler a buena parte de la población.

Así, por ejemplo, si la mensualidad del alquiler es inferior a 750 euros en el momento de celebración del contrato, la fianza no podrá exceder en dos mensualidades la renta, en este caso no podrá ser superior a 1.500 euros. Si el alquiler se mueve entre 750 y 1.200 euros, la fianza no podrá exceder en tres veces el importe de la renta. Así, para un alquiler de 1.000 euros, no podrá ser superior a 3.000 euros. Si el alquiler supera los 1.200 euros, la propuesta de los socialistas pasa por que las partes puedan pactar libremente cualquier tipo de garantía adicional sin limitación de cuantía dineraria.

Quedan fuera los alquileres turísticos

Entre las propuestas, el grupo socialista también cree que los polémicos alquileres turísticos deberían quedar fuera de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Solo cuando el arrendamiento sea de 15 días o más y no incluya ningún tipo de servicio adicional (desayuno, limpieza), consideran que deberá regularse por la LAU. Por otro lado, si la cesión temporal es para arrendamientos inferiores a 15 días o para cesiones con servicios equiparables a los que ofrecen los hoteles, los alquileres turísticos quedarán fuera de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La formación de Pablo Iglesias, por su parte, también quiere que los contratos de alquiler se inscriban obligatoriamente en el Registro de la Propiedad, un trámite que corresponderá —gastos incluidos— al casero, o que los inquilinos tengan derechos preferentes sobre un piso de alquiler en caso de que se produzca un cambio en la propiedad de la vivienda y que tengan derecho preferente a la hora de adquirir la vivienda en la que vive de alquiler, incluso cuando la vivienda arrendada se venda conjuntamente con las viviendas restantes que forman parte de un mismo inmueble.

Es decir, la propuesta de ley pretende evitar que bloques de viviendas, con inquilinos dentro, pasen a manos, por ejemplo, de fondos buitre o, al menos, dar la posibilidad a los inquilinos o a la Administración pública de tener un derecho de compra preferente sobre esas viviendas.

Artículo Original elconfidencial.com

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